UNED Ourense profundiza en la compleja transición política de Marruecos

9 de mayo de 2025

En el marco del curso de extensión universitaria Geopolítica de las primaveras árabes norteafricanas, impartido por el doctor David Alvarado, se celebró una sesión especial dedicada al estudio del caso de Marruecos. Bajo el título "Marruecos: espejismo transicional " se aportó una visión crítica, actualizada y fundamentada sobre la evolución política del país magrebí desde la eclosión del Movimiento del 20 de Febrero hasta la actualidad.

OURENSE, 9 de mayo de 2025. La sesión analizó cómo, a diferencia de otros países donde las revueltas condujeron a transformaciones radicales —como Túnez o Libia—, Marruecos optó por una estrategia de gestión controlada de la crisis, basada en una reforma constitucional presentada como avance democrático, pero que en la práctica consolidó el poder de la monarquía. El régimen de Mohamed VI respondía así al Movimiento del 20 de febrero (20-F), una movilización social que buscaba mayores libertades, justicia social y una ruptura con las estructuras tradicionales del Majzén, el aparato de poder histórico ligado a la corona.

Según Alvarado, Marruecos presenta un modelo de "monarquía ejecutiva", en el que el rey no sólo simboliza la unidad nacional, sino que también mantiene un control directo sobre las áreas estratégicas del Estado, incluyendo Defensa, Asuntos Religiosos, Exteriores y Seguridad. Esta particularidad convierte a la monarquía en el núcleo inamovible del sistema político, incluso cuando se presentan reformas aparentemente avanzadas sobre el papel, pero que no se compadecen con la realidad en la práctica.

Durante la sesión, se puso de relieve cómo los partidos políticos en Marruecos operan bajo un modelo de cooptación, fragmentación y lealtad al poder monárquico. Ejemplos recientes de coaliciones gubernamentales lideradas por formaciones como el PJD (Partido Justicia y Desarrollo), integrado en la órbita islamista, o partidos afines al Majzén, como el RNI (Reagrupación Nacional de Independientes) o el Istiqlal, reflejan una dinámica donde el reparto de carteras ministeriales responde más a estrategias de control que a lógicas ideológicas o programáticas.

En esta sesión también se exploró cómo los nuevos gobiernos están dominados por tecnócratas sin experiencia política previa y hasta qué punto se entremezclan negocios e intereses personales con poder, denotando el declive de los partidos políticos como canales de intermediación con la ciudadanía. En muchos casos, los ministros no son miembros activos de los partidos a los que pertenecen, sino nombramientos directos desde el entorno del rey, lo cual socava aún más la credibilidad del sistema representativo.

Una “carta otorgada”

Uno de los puntos centrales abordados fue la Constitución de 2011, proclamada como símbolo de apertura democrática, pero que mantiene intacto el núcleo del poder real. "Más allá de lo discutible de la metodología constitucional adoptada, que hace que el nuevo texto se pueda considerar como una 'carta otorgada', los límites del debate y el calado de los cambios se antojan modestos. Aunque en el texto se declara una separación formal de poderes y se reconocen derechos fundamentales —como la igualdad entre hombres y mujeres, la libertad de reunión, de manifestación pacífica, de asociación, sindical y política—, el rey sigue ostentando competencias estratégicas y discrecionales en áreas claves", señaló el doctor Alvarado.

Puso como ejemplo el artículo 47 de la Carta Magna, que establece que el rey nombra al jefe del Gobierno dentro del partido más votado, pero también puede destituirlo en cualquier momento, junto con el resto de los miembros de su gabinete. "Este mecanismo evidencia que, más allá de la fachada constitucional, el poder efectivo no reside en las instituciones electas ni en el Parlamento, sino en Palacio. Además, se analizaron algunas contradicciones normativas que permiten interpretaciones flexibles por parte del aparato judicial y político, dando lugar a casos de censura, encarcelamiento de periodistas y activistas, y limitaciones efectivas a la libertad de prensa, como ocurre frecuentemente con medios independientes", apunta el ponente.

El docente abordó también el tratamiento de la identidad nacional y cultural en Marruecos. Se revisó el discurso del rey Mohamed VI en Axdir en 2001, donde reconoció simbólicamente la dimensión bereber del país, y se analizó la creación del Instituto Real de la Cultura Amazigh (IRCAM). "Sin embargo, se subrayó el balance mitigado de esta institución, que enfrenta carencias de financiación, falta de voluntad política y escaso impacto en ámbitos educativos y mediáticos. A pesar del reconocimiento oficial del tamazight en la Constitución de 2011, el idioma apenas se implementa en la enseñanza pública ni en los espacios oficiales, lo que refuerza la percepción de oportunismo político detrás de ciertas decisiones del régimen. La lengua amazigh, lejos de ser un instrumento de inclusión, sigue siendo utilizada como símbolo ornamental más que funcional".

Represión del Hirak del Rif

La sesión de esta semana en UNED Ourense dedicó un espacio significativo al análisis de los movimientos sociales en Marruecos, especialmente el Hirak del Rif (2016–2017), ejemplo paradigmático de cómo las demandas ciudadanas encuentran una respuesta predominantemente represiva por parte del Estado. Explicó Alvarado que este movimiento "nació espontáneamente a raíz de la muerte de Mohsín Fikri, un joven comerciante de pescado de Alhucemas que falleció aplastado en un camión de basura mientras intentaba recuperar su mercancía confiscada por las autoridades. Su trágica muerte generó una ola de indignación que se extendió rápidamente por toda la región, convirtiéndose en el catalizador de un malestar social profundo, acumulado durante décadas de abandono económico, marginación política y humillación institucional". Añadió que el Hirak comenzó como una protesta local centrada en la exigencia de justicia por la muerte de Fikri, pero pronto evolucionó hacia un movimiento más amplio que reclamaba derechos básicos, mayor autonomía cultural y administrativa, el fin de la corrupción, el acceso a servicios públicos dignos y la desmilitarización de la región. La población rifeña, históricamente discriminada desde tiempos de Hassan II, expresó con fuerza su rechazo a las políticas centralistas emanadas de Rabat y denunció la explotación de sus recursos naturales sin contrapartidas sociales ni económicas.

Las protestas, inicialmente pacíficas, fueron recibidas con una escalada represiva sin precedentes. Se registraron cargas policiales violentas, detenciones masivas, casos documentados de tortura, juicios sumarios y encarcelamientos de líderes sociales bajo acusaciones de "amenaza a la seguridad del Estado". Las imágenes de las fuerzas del orden golpeando a manifestantes, incluyendo mujeres y ancianos, circularon por redes sociales y generaron una gran ola de indignación dentro y fuera de Marruecos. No obstante, la respuesta oficial fue minimizar los hechos, limitándose a lamentar heridos entre los agentes y negando sistemáticamente las violaciones a los derechos humanos cometidas.

Este patrón represivo no es exclusivo del Rif. En otras regiones del país —como Sefrú, El Hayeb, Errachidia, Tánger, Casablanca, Marrakech, Sidi Ifni o incluso El Aaiún, capital administrativa del Sáhara Occidental—, las protestas proliferan sin encontrar respuestas institucionales efectivas. Desde el final del reinado de Hassan II, los marroquíes no han dejado de ejercer su derecho a la protesta en universidades, administraciones, empresas e incluso a través de plataformas digitales. Sin embargo, estas movilizaciones suelen ser ignoradas, criminalizadas o reprimidas por las autoridades.

Maniobras de Palacio sobre el campo político

Durante la sesión de esta semana se analizó con rigor el modo en que el poder real ejerce un control directo sobre la formación de los gobiernos, incluso cuando las elecciones designan a un partido o líder como vencedor. En este contexto, uno de los casos más significativos es el de Abdelilá Benkirane, líder del Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), que obtuvo una mayoría parlamentaria en 2016 pero fue bloqueado por Palacio durante casi siete meses antes de que se le permitiera formar gobierno.

El rey Mohamed VI, actuando como árbitro constitucional, negó repetidamente su investidura argumentando que el PJD no había presentado una coalición viable ni un programa suficientemente amplio para garantizar la estabilidad política. Esta postura, aunque formalmente justificada por el cumplimiento de requisitos institucionales, resultó en una manipulación deliberada del proceso político que terminó con la designación de Saadedín El Otmani, número dos del PJD, como primer ministro en lugar de Benkirane.

"Este episodio ilustra claramente cómo la monarquía mantiene el monopolio sobre la legitimidad del poder ejecutivo, pudiendo invalidar resultados electorales o imponer condiciones políticas al partido ganador. La influencia de Palacio no se limita a vetar figuras desfavorables, sino también a modelar la estructura del gobierno, incluyendo la asignación de ministerios estratégicos, la inclusión de tecnócratas sin filiación partidista y la imposición de acuerdos de coalición que priorizan intereses reales sobre voluntades mayoritarias", manifestó el docente.

Así, el Ejecutivo marroquí no surge únicamente del resultado electoral, sino que es diseñado desde Palacio, donde se decide quién ocupa cada cartera, cuántos ministros tiene el gobierno y qué sectores económicos, sociales o ideológicos deben representarse. Este tipo de intervención refuerza la idea de un gobierno dual, en el que coexisten un gobierno oficial y un "gobierno en la sombra" encabezado por el rey y sus colaboradores cercanos, quienes definen las grandes líneas estratégicas del país sin rendir cuentas democráticas.

La constante participación de perfiles técnicos y allegados al entorno real en cargos clave —como Interior, Defensa, Asuntos Religiosos o Exteriores— muestra que la gobernanza efectiva está más allá del Parlamento, lo cual limita la autonomía del jefe del Gobierno y reafirma el carácter neoautoritario del sistema. En Marruecos, más que un gobierno elegido por el pueblo, lo que existe es un gobierno construido por el Majzén, cuya legitimidad depende menos de la voluntad popular que del beneplácito monárquico.

Enésima adaptación de la monarquía

Finalmente, la sesión planteó una reflexión crítica sobre si Marruecos representa un modelo de democratización controlada o, por el contrario, una adaptación exitosa del autoritarismo tradicional a nuevas circunstancias. Aunque las elecciones son más transparentes que en el pasado, no garantizan mayorías estables ni gobiernos autónomos. El rey actúa formalmente como árbitro del juego político, pero su influencia trasciende cualquier decisión electoral.

Los llamados “gestores de Su Majestad” operan desde la sombra, decidiendo sobre asuntos estratégicos y económicos sin rendir cuentas ante el Parlamento ni ante la sociedad civil. Esta estructura de poder dual, combinada con una narrativa de modernización selectiva, permite al régimen mantener su hegemonía bajo una fachada de pluralismo institucional.

Explicó David Alvarado que tras las reformas constitucionales de 2011, "el debate sobre la necesidad de avanzar hacia una monarquía efectivamente constitucional ha sido progresivamente abandonado. Los partidos políticos pierden peso en favor de tecnócratas y figuras cercanas al entorno real, muchos de ellos sin filiación partidista clara. El sistema parece cada vez más alejado de las demandas ciudadanas, lo que se traduce en una creciente desafección política y un desgaste de la legitimidad institucional".

"La transición iniciada con Mohamed VI parece haberse dado por concluida. El poder real no es contestado de forma sustancial, y las élites vinculadas al trono consolidan su control sobre las principales palancas económicas y políticas del país. A nivel social, persisten altos índices de frustración y descontento, exacerbados por políticas públicas fallidas en sectores clave como la educación, la sanidad y el empleo. Muchas de estas políticas, aunque bien intencionadas, terminan siendo percibidas como parciales o insuficientes, sin resolver las causas profundas del malestar", indicó el profesor.

En este contexto, Marruecos se muestra como un caso paradigmático de régimen híbrido, donde coexisten elementos formales de democracia con prácticas autoritarias persistentes. Los derechos reconocidos en la Constitución tropiezan con límites reales cuando se trata de su ejercicio efectivo. La libertad de prensa, por ejemplo, queda anulada por mecanismos de censura indirecta, presión económica y judicialización de la crítica. Las libertades religiosas y culturales también enfrentan obstáculos, como el escaso avance en la implementación del amazigh como lengua oficial o la resistencia a reconocer plenamente la diversidad identitaria del país. "El ciclo de las Primaveras Árabes no rompió la continuidad del modelo marroquí. Más bien lo reforzó, permitiendo al régimen demostrar su capacidad de adaptación y supervivencia", señala David Alvarado.