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El profesor tutor de UNED Ourense Julio Prada dirige el libro "Galicia en Transición" 

22 de junio de 2020

Considera que esta comunidad autónoma presenta un panorama todavía "con numerosas lagunas y vacíos que es preciso ir rellenando para responder a algunas de las preguntas esenciales que tiene abiertas la historiografía" 

OURENSE, (22 de junio de 2020). El profesor tutor de UNED Ourense y profesor titular en la Universidad de Vigo, Julio Prada Rodríguez, dirige el libro Galicia en transición, que ha editado Silex Universidad. En él sostiene que esa etapa de la vida de España y sus gentes necesita todavía más estudios en Galicia,. Analiza la evolución de los estudios sobre la transición española desde las primeras aportaciones de los contemporáneos hasta las corrientes historiográficas actuales.“Tras una primera etapa dominada por los enfoques sociológicos y politológicos, las primeras aproximaciones procedentes de la nueva historia política pusieron en evidencia la necesidad de introducir a la sociedad en la explicación de un proceso hasta entonces dominado por la idea de diseño de laboratorio”, manifiesta el investigador, añadiendo que los años noventa permitieron superar las visiones más simplistas “que atribuían todo el protagonismo a las élites o, a la inversa, sobrevaloraban la importancia de los movimientos de oposición prescindiendo casi por completo del estudio de aquellas o atribuyendo el resultado de la transición al exclusivo empuje de las fuerzas progresistas”. Con la llegada del nuevo milenio, la multiplicación de grupos de investigación centrados en la historia del tiempo presente y la aparición de un buen número de revistas especializadas dieron reactivaron estos estudios caracterizados hoy por una gran diversidad de enfoques y temáticas.

Los enfoques aurorales: sociología y ciencia política 

Señala Julio Prada que el proceso de transición a la democracia fue una de las cuestiones que más interés despertó en la historiografía española de las últimas décadas. Atrajo de forma coetánea a su rápida sucesión, la atención de investigadores, especialmente politólogos, sociólogos y especialistas procedentes de campos como la Economía o el Derecho Constitucional quienes, desde planteamientos diversos, convirtieron a la transición española en objeto de estudio preferente. Así iniciaron una línea de trabajo que todavía hoy “goza de un cierto recorrido”, indica Prada.

En aquellos trabajos interesaban tres grandes ámbitos de estudio. “En primer lugar, el examen de las diversas elecciones, tanto desde el punto de vista del sistema electoral como del análisis de las diferentes variables que intervinieron en sus resultados. En segundo lugar, los diferentes enfoques con que se abordó el estudio de los grandes partidos políticos y sus dirigentes, con un claro predominio de las perspectivas de tipo vertical, muy centradas en las estrategias de los principales líderes y menos en la explicación de los procesos de implantación en los distintos ámbitos territoriales”. Por último, menciona Julio Prada los estudios de tipo sociológico, “donde sobresalían un buen número de investigaciones destinadas a poner en valor el papel desempeñado por las transformaciones socioeconómicas de los años sesenta como elemento nuclear para la estabilización del proceso y la propensión al consenso y al rechazo de las posiciones extremas. Los procesos de cambio político en Portugal, Grecia y España, la posterior crisis de las dictaduras latinoamericanas y de algunos países del Asia Oriental y la caída de las democracias populares del Este de Europa favorecieron la proliferación de los análisis centrados en la búsqueda de modelos interpretativos globales que ofrecieran una explicación satisfactoria a los procesos de cambio político abiertos en diferentes regiones del globo, ocupando el caso español un lugar privilegiado por su supuesto carácter `modélico’”, señala el autor.

 “La conjunción de los grandes cambios estructurales de España en los años sesenta del pasado siglo xx y la estructura de oportunidades políticas que se le presentaba a determinadas figuras que apostaron por el aperturismo o el reformismo habría sido, por consiguiente, la verdadera clave de bóveda del éxito en el proceso de transición a la democracia”. De acuerdo con esta interpretación, en la recta final del franquismo, “la parte más consciente de la clase política del régimen, ante el inevitable deterioro físico del dictador, se habría conjurado para propiciar un cambio político que permitiese instaurar de forma pacífica la democracia a través de un diseño trabajosamente esbozado en el que el pueblo, en su mayoría desmovilizado e instalado en el conformismo, carecería de toda relevancia. En consecuencia, las manifestaciones de disidencia, la articulación de la protesta organizada, el conflicto social y, ya no digamos, el papel de los ciudadanos corrientes, o, simplemente, no era tomado en consideración o, como mucho, se le prestaba una escasa atención en la medida en que no habría desempeñado ningún rol relevante en los acuerdos entre las élites procedentes de la dictadura y las llamadas a protagonizar el cambio político. Si acaso, la acción colectiva protagonizada por obreros, por estudiantes, por amas de casa, por campesinos o por asociaciones culturales y vecinales, habría tenido una influencia menor y en absoluto trascendente a la hora de orientar determinadas decisiones de aquellas”. Esta visión del cambio político “como resultante de una operación de laboratorio cuidadosamente diseñada por un reducido grupo de personalidades dotadas de una preclara visión de futuro, de una habilidad contrastada y de un elevado espíritu de sacrificio y predisposición al pacto y a la cesión, se ha visto reforzada por el enorme conjunto de memorias, biografías y autobiografías que nos legaron una pléyade de protagonistas de diferente nivel ya desde los primeros momentos de la consolidación democrática y hasta finales de los años noventa”, manifiesta Prada.

En estas primeras obras se detecta una tendencia común de los autores de tratar de realzar su preeminencia en determinados hechos “considerados más o menos transcendentales para el devenir político, de modo que reportan al lector la inequívoca sensación de una especie de competencia por ocupar un lugar preeminente entre los actores responsables de la instauración de las libertades en España”. Igualmente se aprecia, según relata Prada, que la mayoría de los protagonistas “del cambio tuvieron importantes responsabilidades políticas y/o de gestión durante el régimen franquista y de la imposibilidad de negar lo evidente –que el tránsito entre una y otra situación se produjo ‘de la ley a la ley’–, su línea discursiva traslada la imagen de la existencia de un corte brusco, radical entre ambas, de modo semejante a lo que había ocurrido tras la guerra civil. Si de esta última habría emergido una nueva legitimidad que rompía con todo lo anterior, también la recuperación de las libertades, simbolizada en la aprobación de la Constitución, materialización del presunto consenso entre vencedores y vencidos, marcaría un nuevo “año cero” a partir del que se construirían los nuevos elementos referenciales de la memoria política de los españoles”.

Otra constante en estos relatos es su carácter marcadamente justificativo, pues “más que optar por un análisis crítico y razonado de las distintas opciones abiertas, se prefiere subrayar lo oportuno y acertado de las decisiones en las que han intervenido, “aunque no es menos cierto que los matices, al menos en lo que al reconocimiento de la diversidad de posibilidades abiertas, comienzan a abrirse camino entre lo que hasta hace poco había sido un relato casi monocorde”, subraya el doctor Julio Prada.

Las primeras aportaciones historiográficas

En el caso español, la crítica a estos planteamientos, “vino acompañada de un primer intento de renovación de la historia política. En los trabajos pioneros de J. P. Fusi y R. Carr o de P. Preston ya se esbozaba la pretensión de introducir a la sociedad en la explicación de un proceso que, frente a la idea de diseño de laboratorio entonces imperante, no habría estado exento de tensiones y de incertidumbres, incluido el papel de las luchas sindicales dentro del movimiento obrero o el de la oposición política democrática y, desde luego, los enfrentamientos internos entre las élites políticas del régimen y la propia conflictividad social”.

Incluso en el ámbito del hispanismo anglosajón, aunque se continuaba destacando la premisa de de atribuir un protagonismo esencial a los cambios económicos de los años sesenta, “ya se planteaba que la relación de causa y efecto entre estas y la transición era más compleja de lo que se estaba planteando en otros ámbitos”, observa Julio Prada.

De forma paralela, los primeros trabajos sobre la oposición al franquismo ya permitían intuir los diversos enfoques sobre los que desde principios de la década de los ochenta giraría esta cuestión: por un lado, los que ponían el foco sobre la disidencia de índole política y por otro los que esbozaban el papel de la protesta organizada de determinados sectores sociales.“Como señalaban F. Cobo y T. Mª Ortega, esta multiplicación de trabajos focalizados en el análisis de la oposición política y la conflictividad sociolaboral trajo consigo la prevalencia de interpretaciones parciales o en exceso deterministas al haberse centrado en el estudio de aquellos territorios en los que el grado de desarrollo económico e industrial favorecía la beligerancia social —privilegiando con ello la lucha protagonizada por la clase obrera organizada— y la articulación política del descontento”, manifiesta el profesor ourensano.

Desde el punto de vista historiográfico, los años noventa “permitieron superar las visiones más simplistas que atribuían todo el protagonismo a las élites –lo que en absoluto significó que reputados historiadores no continuasen ensalzando su preeminencia, en particular la de Juan Carlos I y la de Adolfo Suárez– o, a la inversa, sobrevaloraban la importancia de los movimientos de oposición prescindiendo casi por completo del estudio de aquellas o atribuyendo el resultado de la transición al exclusivo empuje de las fuerzas progresistas. También pudo darse en gran parte por superada la denominada fase resistencialista, marcada por la polémica “franquismo vs. oposición”, a la vez que se asistía al desplazamiento de las meras crónicas y narrativas de los principales acontecimientos y el análisis político y electoral por estudios académicos más profundos”.

La tendencia mayoritaria pasó a ser la de “atribuir un protagonismo creciente a la sociedad civil en los años del tardofranquismo y la transición, aunque careciese de la articulación y de la fuerza suficiente para forzar por sí misma la caída de la dictadura. Las nuevas propuestas para el enfoque de los movimientos sociales también abrirían el camino para una reinterpretación del papel de estos en la crisis del franquismo, que no tardaría, además, en aplicarse en el ámbito local y en el estudio de la significación de los movimientos culturales o vecinales. Aun así, se echaban en falta estudios ideológico-culturales de conjunto, apenas se había logrado profundizar en aspectos socio-territoriales y continuaban siendo escasos los trabajos que abordaban la relación entre poderes sociales, élites políticas y Estado, a pesar del rol esencial que habían desempeñado entre los últimos años de la dictadura y el triunfo electoral del PSOE”, señala Julio Prada.

Desde el punto de vista metodológico, los debates desarrollados dejaron claro que el estudio de la transición había que abordarlo como un proceso histórico complejo, desde diferentes enfoques y propuestas, “lo que no tardaría en traducirse en una considerable diversificación temática. Entre la perspectiva politológica, la política exterior o el análisis internacional comparado comenzaron a hacerse un hueco las transformaciones económicas, la reconversión industrial, el papel de la prensa o la acción sindical. Y otro tanto cabría decir de un primer esbozo del análisis del proceso de transición desde la periferia, que no tardaría en despegar paralelo a la consolidación de diferentes asociaciones, seminarios y grupos de investigación de cuya actividad y de las reuniones periódicas organizadas saldrían enseguida muchas de las propuestas renovadoras en este ámbito”.

 “A la actividad de estos grupos habría que sumar, todo un conjunto de investigadores que a lo largo de su trayectoria han dedicado un buen número de páginas a reflexionar sobre una etapa histórica sobre la cual, quizás, se había anticipado la existencia de un mayoritario consenso demasiado pronto. De hecho, los debates académicos coincidiendo con los veinticinco años de la muerte del dictador, como el que sostuvieron Javier Tusell y Josep Fontana acerca de los límites de la imagen oficial de la transición como un proceso modélico frente a una realidad mucho más convulsa y menos pacífica de lo que era frecuente sostener, como apuntaba el segundo, o la discusión sobre el papel del recuerdo de la guerra civil en el propio diseño político de la transición  anticipaban uno de los elementos estrella del futuro debate –el del “déficit de duelo y reparación”– y con ello preparaban el camino para el profundo proceso de revisión que afectaría a numerosos aspectos de la misma en los años venideros”.

Los estudios sobre la Transición en el siglo XXI 

Siguiendo a D. Ruiz, los trabajos sobre la transición española se podían agrupar en cuatro categorías que han gozado de gran continuidad hasta nuestros días. En primer lugar, el estructuralismo economicista, que englobaría los trabajos centrados en la modernización de los años sesenta, cuyo hilo argumental giraría en torno a la idea de que los cambios económicos y sociales asociados a esta conducirían inexorablemente hacia el cambio político.A continuación, estarían los autores que priorizaban el análisis del “equilibrio” entre las diversas fuerzas o sectores políticos, de cuya resultante derivaría la imposición de un cambio desde arriba impulsado por los sectores reformistas del régimen frente a las tesis rupturistas que defendía la oposición democrática. Señala Prada cómo también se podrá comprobar “la operación cuidadosamente planeada y realizada desde el propio entramado institucional del régimen para implantar la democracia consagrada en la Constitución de 1978 al margen de la sociedad y como si su única preocupación desde antaño hubiera sido esta sin tener en cuenta la posibilidad de asegurar la continuidad de un buen número de estructuras heredadas del régimen introduciendo los menos cambios posibles”.

En tercer lugar, los estudios interesados en el trasfondo social del proceso de cambio, que resaltaban la conflictividad de clases y los intereses contrapuestos de los grupos de poder en especial durante el quinquenio que discurre entre el asesinato de Carrero Blanco y la aprobación de la Constitución, y que darían lugar a la denominada “interpretación genética-materialista”.

Desde entonces, una parte de los esfuerzos investigadores ha estado centrada en explicar el papel de los movimientos sociales antifranquistas en la crisis de la dictadura y en su influencia sobre el proceso de transición, ampliando además su objeto de estudio para dar cabida a otros protagonistas diferentes de la clase obrera.

Finalmente, las investigaciones que enmarcan la transición a la democracia en el contexto de la Guerra Fría y las relaciones internacionales, en las que suele dominar la imagen de un procesoférreamente controlado, cuando no determinado, por las grandes potencias occidentales, en particular los Estados Unidos y Alemania Occidental.

En la actualidad, aunque las referencias a la naturaleza última del pacto que hizo posible la transición continúan siendo inevitables, parece existir un cierto consenso que, con más o menos matices, acepta la idea de que se trató de un proceso que distaba tanto de representar el auge de la lucha de masas o de la ofensiva popular como quiso interpretar un sector de la izquierda, como de un mero pasteleo o intercambio de opciones entre élites políticas y económicas en medio de la pasividad de la población como pretendieron hacer ver ciertas posiciones ligadas a la derecha sociológica y política.

Los análisis historiográficos más recientes cuestionan “un buen número de aspectos que hace dos décadas se daban por sentados o, al menos, existía sobre ellos un acuerdo mayoritario. Comenzando, en primer lugar, por su carácter modélico en el sentido de haber logrado culminar en un corto período de tiempo el tránsito entre un régimen dictatorial a una democracia homologable a las más avanzadas de nuestro entorno, todo ello visibilizado en el desarrollo económico, social y cultural sin precedentes en nuestra historia contemporánea y simbolizado en nuestra incorporación a la actual Unión Europea. Ya desde principios de los años noventa esta visión edulcorada y complaciente fue paulatinamente cuestionada, poniendo en duda, primero, su supuesto carácter modélico y, más adelante, denunciando abiertamente lo que dio en llamarse ‘el mito de la transición’, a lo que tampoco fue ajeno el clima de enfrentamiento político vivido durante los últimos años del gobierno socialista”, sostiene Julio Prada.

Así se ha puesto el acento en su carácter formal “y en el hecho de haber servido para consolidar un marco de regulación de una estructura de poder periférica, con ribetes de autoritarismo y que, al cabo, se vio truncada. La propensión al pacto y la negociación entre los principales actores, considerada anteriormente como una de las claves principales del éxito final del proceso, pasó a ser criticada por considerársela principal responsable de la desmovilización civil y del alejamiento ciudadano de las instituciones, así como de la pervivencia de numerosos elementos de orden cultural y social heredados del régimen anterior”. Así, frente al discurso oficial, cargado de tópicos y de referentes míticos ensalzando las bondades del consenso y el pacto, “la responsabilidad del pueblo y la amplitud de miras y sentido de Estado de las élites políticas, los resultados, medidos en términos de calidad democrática, habrían sido más bien escasos al menos en función de las expectativas abiertas”.

La irrupción con fuerza de la llamada memoria histórica también se reflejó en este debate dado que la preocupación por el pasado se convirtió en un elemento central y omnipresente de la actualidad política. “La versión oficial de la ‘reconciliación nacional’ y la de quienes sostuvieron que la renuncia al castigo de los responsables de los crímenes perpetrados durante el franquismo habría sido una de las concesiones forzadas de la oposición encubrían, a juicio de autores como B. Adré-Bazzana, una alianza táctica entre al precio de la liquidación de las responsabilidades del pasado. En consecuencia, la aceptación de que garantizar la impunidad sobre el pasado de la otra parte constituía el único camino para integrarse en el juego político habría representado la primera derrota ética de las fuerzas democráticas y el gran triunfo moral de la clase política procedente del franquismo: conseguir, en palabras de G. Morán, ‘la amnistía sobre su pasado a cambio de facilitar la incorporación de la oposición a la vida política real’, en lo que constituyó un primer intento de construir, siquiera a nivel ensayístico, una visión alternativa a las complacientes visiones oficiales. Y con ello, el famoso consenso, sacralizado durante años como el gran logro de la clase política de la transición que venía a poner fin a la tradición cainita que había presidido nuestra historia, devino en un vergonzante pacto de silencio sobre los aspectos más comprometidos del, entonces, pasado más reciente, la mayoría de las veces interpretado en clave de memoria individual”, indica el profesor Prada.

La persistencia de islas de autoritarismo en sectores clave de la vida política española –Fuerzas Armadas, Policía y Judicatura en particular– y el déficit democrático existente a nivel social durante el proceso de consolidación democrática parece incuestionable. Considera el autor que las presuntas carencias actuales y pasadas son producto de múltiples y complejos factores que tienen su raíz tanto en etapas precedentes como en nuestro más inmediato presente, en particular las decisiones tomadas por los diferentes gobiernos que se han sucedido durante y después de la consolidación democrática. “No hay más que ver lo ocurrido tras el estallido de la crisis económica de 2008 y sus consecuencias sobre el comportamiento político de la ciudadanía, el cuestionamiento de la clase política que se había venido sucediendo en el poder por cooptación desde la recuperación de las libertades y la crisis de legitimidad del sistema heredado de la transición a la democracia, visualizada de manera singular en los tres meses que van desde la muerte de Suárez, en marzo de 2014, a la abdicación de Juan Carlos I, los dos referentes principales del cambio político.

Cada vez se hace más necesario proponer enfoques diversos que permitan pensar la transición como proceso y como objeto de conocimiento histórico, alejándonos tanto de los planteamientos iniciales de un proceso planificado y dirigido por un reducido grupo de personalidades como de ucronías carentes de un soporte metodológico consistente. Propone Prada que “la necesidad de elaborar explicaciones complejas en las que se resalte el protagonismo de la acción colectiva de diferentes sectores, de la sociedad civil y de los ciudadanos corrientes es incuestionable. Sin la emergencia de una cultura cívica democrática no es posible entender la acelerada descomposición del entramado institucional franquista ni las dimensiones de un cambio que en ningún caso puede ser calificado de operación puramente cosmética. Pero lo que también resulta innegable es que ciertas élites políticas, económicas, sociales, culturales y religiosas jugaron un papel determinante que no puede minusvalorarse como consecuencia de los clásicos efectos pendulares a los que tampoco ha sido ajena la historiografía española”.

Los estudios sobre la Transición política hechos en Galicia    

En términos generales, un porcentaje significativo de las primeras investigaciones electorales hasta mediados de los noventa parecían guiadas más por atender a un público no especializado que por el rigor analítico o la exactitud de los datos. “Tampoco, salvo excepciones, la literatura especializada se distinguió por introducir la perspectiva comparativa con otras Comunidades Autónomas en sus análisis, con el consiguiente reduccionismo un primer intento de explicación sobre aspectos muy diversos del comportamiento electoral de la población gallega y de sus posibles relaciones con la estructura socioeconómica del país y las características de la cultura política dominante, así como sobre las particularidades del mapa electoral de acuerdo con la naturaleza de las elecciones de que se tratase".

También ha sido escaso el interés prestado a la extracción sociológica de las élites políticas de Galicia y al rol de algunos personajes políticos, aunque en este punto merecen destacarse los meritorios trabajos de G. Márquez Cruz sobre los gobiernos locales y los procesos de reacomodación de las élites políticas procedentes del franquismo. Aunque no inexistentes, también se echan en falta testimonios y memorias de protagonistas del cambio político, la transición y los inicios de la autonomía gallega en contraposición con la proliferación de este tipo de publicaciones a nivel estatal.

En cambio, abundan las publicaciones biográficas, publicísticas y de homenaje a activistas y militantes obreros abanderados de la lucha sindical en los años más duros del tardofranquismo, apartado en el que merece ser destacada la labor desarrollada por la Fundación 10 de Marzo. En definitiva, “un panorama que presenta todavía numerosas lagunas y vacíos que es preciso ir rellenando para responder, en el ámbito gallego, a algunas de las preguntas esenciales que tiene abierta la historiografía sobre esta etapa crucial de nuestra historia reciente”.

Autores participantes

En esta obra escriben, además, otros investigadores como Julio Ponce Alberca, que estudia los gobernadores civiles en Galicia durante la transición democrática (1970-1982). Jose Ramón Rodríguez Lago aporta un capítulo titulado: ¿Atado y bien atado? el clero gallego del posconcilio a la transición (1965-1982). Emilio Grandío Seoane se centra en Bazán, en aquel marzo de 1972, que fue un punto y aparte para la dictadura. La reconversión naval en Galicia está tratada en este libro por Diego Gómez-Aller Andrés bajo el título: La otra transición: reconversión naval y movilización social.

De memoria, revuelta y conciencia. El sindicalismo campesino democrático en la Galicia de la dictadura y el proceso de cambio de régimen político, es la aportación de Alba Díaz Geada mientras Ricardo Gurriarán escribe sobre El movimiento estudiantil en la universidad gallega. De la calma a la subversión.

Francisco Xavier Redondo Abal contribuye en esta obra colectiva con el estudio del Tribunal de Orden Público en Galicia.

El mundo de la mujer en marcha lo reflejan en esta obra, María Concepción Álvarez Gómez, profesora tutora y secretaria de UNED Ourense, que se centra en el movimiento democrático de mujeres en Galicia, y Enya Antelo Alvite, que muestra los usos políticos de la mujer gallega en la transición a la democracia. 

  

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